Especialistas coinciden que el nuevo marco legal es positivo para el país, siempre y cuando se destinen los recursos suficientes y mecanismos para aplicar la nueva reforma de aguas
La aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales fue bien recibida por especialistas en materia hídrico, quienes coincidieron que el nuevo marco normativo fortalece la administración del Estado, esclarece atribuciones y rectifica el derecho humano al agua como eje de la política pública.
Sin embargo, miembros del Consejo Consultivo del Agua, Agua Capital y la Red del Agua de la UNAM señalaron que sin recursos suficientes, las nuevas disposiciones legales corren el riesgo de quedarse solo en el plano normativo sin un impacto real en el manejo del recurso hídrico.
Vacíos en los incentivos y ejecución del uso del agua
De acuerdo con el director ejecutivo de Agua Capital, Eduardo Vázquez, destacó que las reformas establecen nuevas reglas, refuerzan la prevención de delitos hídricos y ordenan las facultades de la autoridad federal, pero deja no promueve la aplicación de incentivos para mejorar la eficiencia en el uso del agua, particularmente en el sector agrícola, que consume el 76% del recursos nacional.
En ese sentido, este vacío limita la capacidad de la ley para generar cambios estructurales en el manejo del recurso, especialmente en un contexto de sobreexplotación de acuíferos y presión creciente sobre la disponibilidad de agua.
Presupuesto insuficiente frente a la magnitud del reto hídrico
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez, subrayó que uno de los principales desafíos de la reforma es la brecha entre los objetivos legales y los recursos asignados para cumplirlos. Si bien, destacó que el tema hídrico se convirtió en una prioridad en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió que aún no se define con claridad de dónde provendrán los recursos necesarios para alcanzar las metas del Plan Nacional Hídrico y atender el rezago en infraestructura.
“No era una prioridad nacional en administraciones pasadas y ahora sí lo es. Son leyes que dan certidumbre, transparencia y orden en el uso del agua. Sin embargo, será necesario que se defina de dónde saldrán los recursos para poder cumplir con las metas que establecen tanto el Plan Nacional Hídrico, como las necesidades de infraestructura para este tema que tiene el país”, indicó Raúl Rodríguez
Esto toma relevancia si consideramos que de acuerdo con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que los países deben destinar el 1% del su Producto Interno Bruto (PIB) en materia hídrica, lo que equivale para México a 350 mil millones de pesos. No obstante, nuestro país solo destina 0.1% de su PIB, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 solo contempló 36 mil 200 millones de pesos para este rubro.
Implementación, el verdadero desafío del nuevo marco legal
Asimismo, el coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, Jorge Arriaga Medina indicó que el país atraviesa una de las transformaciones jurídicas más profundas del sector hídrico en más de una década, desde la adición del Derecho Humano al agua y al saneamiento 2012, por lo que será indispensable construir rutas de implementación, fortalecer capacidades técnicas y aclarar responsabilidades de todos los usuarios.
De esta manera, México podrá avanzar hacia una gobernanza del agua más justa, acorde con la crisis hídrica que enfrenta el país.
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